El Jurado tuvo que reforzar la seguridad del juez Pedicone, quien recibira el fallo despues de carnaval

El procedimiento de destitucion del juez Enrique Pedicone esta terminando como empezo: con improperios y amenazas proferidos a los gritos. Pero, a diferencia de lo que habia sucedido en noviembre, cuando el magistrado recibio los insultos en la via publica, ayer sus detractores se despacharon en la propia sala de audiencias del tercer piso de la Legislatura. “Te vamos a perseguir hasta la ONU (Organizacion de las Naciones Unidas)”, prometio Lucas
Mayer. El desborde llevo al presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Daniel Posse, a desalojar la sala, incluida la prensa, y a ordenar que se reforzara la seguridad de Pedicone. Estos hechos pusieron un final abrupto al acto de recepcion de los alegatos. Tras recobrar la serenidad, Posse anuncio a los periodistas que el Jurado comunicara despues de carnaval si expulsa o no al juez.

La acusacion a cargo del legislador oficialista Zacarias Khoder, y los defensores Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig ratificaron sus respectivas posiciones. Mientras que Khoder considero probados los siete cargos endilgados a Pedicone, y que habia motivos de sobra para destituirlo e impedirle el ejercicio de cargos publicos en el futuro, Ahumada y Battig reiteraron que no hay pruebas en contra del magistrado, y que a este lo persiguen sin limite alguno por haber osado denunciar a Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucuman. “Este es el reino del reves”, resumio Ahumada.

Khoder, titular de la comision de Juicio Politico de la Legislatura, alego en primer lugar. “Pedicone eligio defenderse engañando a la ciudadania. Se mostro como victima de una maniobra urdida en su contra, pero este procedimiento no es mas que la preservacion del mecanismo republicano de gobierno”, espeto. Y agrego: “Pedicone se siente al margen de la ley”. El legislador expreso que durante el procedimiento habia quedado acreditado que Pedicone actuo en la miniferia de agosto en las causas “Bravo” y “Marti” (bar y billares Punto y Banca) a sabiendas de que carecia de competencia para ello; que violo la clausula constitucional que prohibe a los jueces hacer politica y vulnero el Codigo Iberoamericano de Ética Judicial; que confeso la realizacion de grabaciones clandestinas a Leiva y al secretario Fernando Valladares; que sistematicamente nego a las victimas el derecho a ser oidas; que coacciono al fedatario y que dispuso la anulacion de prisiones preventivas en contra de la doctrina de la Corte, como denuncio en sede penal el ministro fiscal (con licencia) Edmundo Jimenez.

LA DEFENSA. Los abogados Fernanda Battig y Arnaldo R. Ahumada.

“Jimenez denuncio a Pedicone para evitar que interviniera en sus causas, y opero en la Corte con los tres ex fiscales de Estado (Antonio Estofan, Leiva y Eleonora Rodriguez Campos) para impedir el control del procedimiento anti-covid-19 en Punto y Banca. Este escandalo de la competencia hizo que cesaran los atropellos que el fiscal Carlos Picon cometio en la pandemia”, retruco Ahumada, quien subrayo que la acusacion no habia citado ni permitido citar como testigos a las victimas de delitos que decia defender. Antes, Battig habia planteado que Pedicone estaba habilitado para grabar a Leiva porque este le proponia algo indebido en un bar (“manejar las intensidades de la causa del legislador Ricardo Bussi”) y que no entendia como la acusacion podia creer en la coaccion de Valladares si este se habia negado a declarar bajo juramento. E interrogo: “¿como pueden dar por probado un delito que nunca se investigo?”.

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