Ante demanda de comerciantes en el foro federal, Miguel Romero adelanta que defenderá el Código de Orden Público de San Juan
El alcalde de San Juan, Miguel Romero, adelantó el domingo que se defenderá de la demanda presentada por comerciantes del municipio, que piden la paralización de la entrada en vigor -el próximo 9 de noviembre- del nuevo Código de Orden Público de la capital, que limita la venta de bebidas alcohólicas.
“Nosotros -primero- tenemos un Código de Orden Público ya aprobado por la Legislatura, ya firmado por mí. Ya es una ordenanza municipal. Tenemos una obligación de hacerla cumplir, así que la vamos a hacer cumplir y, paralelamente, atenderemos -con el rigor legal que merece- cualquier planteamiento que se haga. Entendemos que hemos actuado de conformidad con la autoridad que nos concede la ley”, dijo el alcalde en entrevista con este medio.
El ejecutivo municipal destacó que aún no han sido emplazados tras la demanda que presentaron varios comerciantes de San Juan ante el Tribunal Federal. Sin embargo, reconoció que “cualquier persona” puede impugnar el Código aprobado, que, a partir del 9 de noviembre, limitará la venta de bebidas alcohólicas en San Juan hasta la 1:00 a.m., de lunes a viernes, y hasta las 2:00 a.m. los sábados, domingos y lunes feriados. Estarían exentos los hoteles y moteles, incluyendo restaurantes y barras localizadas en esas instalaciones, independientemente de quién sea el dueño.
“Eso es un proceso a lo cual cualquier persona tiene derecho impugnar cualquier ordenanza. El propio Código Municipal establece que es un derecho de cualquier ciudadano impugnar la validez de una ordenanza, así que ya está referida a la División Legal del municipio para que sea atendida”, informó Romero.
Además de solicitar al Tribunal Federal que detenga la puesta en marcha del nuevo Código de Orden Público de San Juan, los demandantes pidieron a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que intervenga en la controversia, por entender que la iniciativa del municipio bajaría la cantidad de recaudos del ayuntamiento.
“Con relación a cualquier mérito de la demanda, pues mira nosotros hemos actuado en virtud del orden jurídico que hay en Puerto Rico, donde hay municipios que tienen limitaciones al horario de venta del alcohol”, acotó.
Consignó que el Código “expresamente concede esa autoridad a los municipios y ya anteriormente se había impugnado en el Municipio de Trujillo Alto una prohibición similar y el (Tribunal) Supremo la validó, así que nostros hemos actuado a base orden jurídico, a base de la jurisprudencia que se ha establecido en Puerto Rico y esto es algo que no tan solo se ha hecho a nivel local, sino que a nivel de Estados Unidos”.
No obstante, la Asociación de Empresarios de la Calle Loíza dijo, en declaraciones escritas, que Romero supuestamente “nunca quiso reunirse con los pequeños comerciantes”.
“Desde antes que anunciaran la discusión de este nefasto Código de Orden Público, muchos pequeños negocios han cerrado en San Juan. Luego de aprobado el mismo, más negocios han cerrado, afectando la economía y los empleos de muchos jóvenes que Miguel Romero está dejando en la calle sin la posibilidad de generar ingresos”, indicó por escrito Cristian González, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Loíza.
Agregó que “desde hace mucho tiempo, los comercios del Viejo San Juan hemos sufrido pérdidas económicas significativas que no solo afectan la estabilidad de los negocios, la creación y retención de empleos, sino un efecto horrible en la imagen que vendemos a nuestros turistas. Las medidas inconsultas y carentes de base económica certera que ha impuesto el alcalde de San Juan están provocando cierres constantes de negocios que sin duda resultará que todo San Juan, incluyendo nuestro casco antiguo, siga los pasos de deterioro que vive el casco de Río Piedras”.
González acusó a Romero de “convertirse en el verdugo del comercio local”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, Diana Font, sentenció que “el alcalde tiene una agenda que no podemos entender en contra del comerciante local y a favor de los inversionistas extranjeros. Cada vez es más difícil y costoso poder seguir haciendo negocios en San Juan. Se olvida el alcalde Romero que somos los pequeños y medianos comerciantes los que movemos la economía y creamos empleos. No pueden seguir viéndonos como enemigos cuando somos los que movemos al país”.
En la demanda, los comerciantes alegan que hay un trato “favorable a los hoteles y a los negocios que operan dentro de ellos”.
Cuestionado sobre ello, Romero dijo que el “Código aplica de forma uniforme”. Destacó que, antes, los códigos de orden público no eran uniformes, pese a que eran aplicables a distintas áreas de San Juan.
Entretanto, los comerciantes argumentan también que el nuevo estatuto municipal violenta la Ley Promesa.
“La Junta de Supervisión Fiscal tiene jurisdicción no solo sobre el gobierno central, sino sobre los municipios y así lo establece la Ley y los precedentes judiciales. Los efectos de este Código inconsulto son incalculables no solo en los comercios y la creación de empleo, sino en el fisco. El Municipio de San Juan no ha indicado cómo va a reemplazar las pérdidas por concepto de IVU estatal, municipal y patentes. Tampoco, cumplió con referir el mismo a la Junta de Supervisión Fiscal antes de que entre en efecto”, indicó Rafael Isaac, presidente de la Asociación de Empresarios de la Loíza.
A raíz de esta situación, expuso que “es por ello que el pasado 9 de octubre de 2023, la Asociación de Empresarios de la Loíza y la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, solicitamos a la Junta de Supervisión Fiscal que asumiera jurisdicción y detenga la entrada en vigor de un Código que no ha cumplido con lo establecido en Promesa”.
La Asociación de Empresarios Calle Loíza, Inc.; la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, Inc.; la Asociación Comerciantes de la Placita de Santurce, LLC; 2 Monkeys Entertainment, LLC; Homar Torres h/n/c “Papi Joe”; Sanse 157, LLC; RMO Corporation; KEG Entertainment, LLC; Miguel Morales h/n/c “Refill Sport Bar”; 365 Entertainment, Inc.; Pana MJC, LLC; Harry Entertainment Music, Inc.; SX The Club Corporation; Onism Management Group, LLC; KK Group, LLC; y Bulon Group, Inc. son los demandantes.
