El Gobierno pide que se rechace la “cuestión política” e insiste en la destitución de Elizabeth Torres
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en representación del gobierno, solicitó hoy a la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que desestime la “cuestión política” esgrimida por la delegada congresional Elizabeth Torres Rodríguez en su moción de desestimación de recurso especial a través del cual se busca su destitución.
En una moción de cumplimiento de origen y para responder a la moción de Torres Rodríguez, el gobierno sostuvo ante ese tribunal los motivos por los cuales considera que no debe aplicarse la doctrina de la cuestión política.
El caso se sustenta en que el gobierno considera de Torres Rodríguez no ha realizado sus labores como delegada congresional por lo que debe ser destituida.
En especial, el gobierno alega que no ha llevado a cabo tareas ante el Congreso federal para que conseguir que Puerto Rico se convierta en estado de Estados Unidos y que no ha cumplido con su deber de presentar los informes trimestrales que exige la ley que creó la delegación congresional y el cargo para el que fue electa el 3 de noviembre de 2020.
El documento de 30 páginas subraya que Torres Rodríguez tiene dos deberes principales: “Exigir al Congreso que proceda a admitir a Puerto Rico como Estado de Estados Unidos” y presentar “un informe cada noventa (90) días sobre sus gestiones al Gobernador de Puerto Rico”.
En cambio, dice el gobierno, Torres Rodríguez ha usado el espacio dedicado a los informes -uno en octubre de 2021 y otro en enero de 2022- para criticar a la delegación congresional, algo que puede “hacer a titulo personal” pero que no la exime de detallar las tareas que realiza cada 90 días en Washington en pro de la estadidad.
Además, sostiene que Torres Rodríguez ha pedido la disolución de la delegación al gobernador Pedro Pierluisi lo que es prueba suficiente de que no desea ejercer sus funciones. Un tercer informe, presentado en video por la delegada, no debería ser admitido por no constituir en su forma un documento público, según el escrito.
De acuerdo al gobierno, la doctrina de la cuestión política que esgrime Torres Rodríguez está en desuso y no tiene el mismo peso que en Estados Unidos, al tiempo que no existe un problema de separación de poderes en este caso, “elemento principal para que se aplique esa doctrina”.
“El hecho de que esté involucrada una figura política, no hace que sea una cuestión política”, dice la moción.
El documento expone que “por ley se le delegó al Secretario del Departamento de Justicia el poder para solicitar la destitución del delegado que incumpla y se le reservó la facultad de determinar sí en efecto procede la destitución al Poder Judicial, quien es el constitucionalmente facultado para resolver casos y controversias”.
El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, en una foto de archivo (Josian E. Bruno Gómez / este medio)
Por otra parte, la moción destaca que la ley 167-2020 “provee los criterios claros que el Tribunal deberá utilizar para poder determinar si existe o no incumplimiento por parte de la señora Torres Rodríguez”.
El gobierno volvió a pedirle al tribunal que avance en el proceso de destitución de Torres Rodríguez porque desde “desde el 1 de julio de 2021 no ha trabajado a tiempo completo en representación de Puerto Rico ante el Congreso en Washington D.C.”, como le exige la ley.
También alega que conociendo cuales son sus funciones, Torres Rodríguez se ha negado a realizar.
Para justificar esta postura la moción cita una de las frases de Torres Rodriguez al gobernador Pierluisi: “No hay nada que hacer en el Congreso. Si no tenemos nada que hacer en el Congreso, el propósito de la ley no puede ser cumplido. Y, si el propósito de la ley no puede ser cumplido, la existencia de la Delegación no tiene sentido”. Así lo escribió en su primer informe presentado en 2021.
Elizabeth Torres, delegada congresional. >Archivo/este medio
El gobierno solicitó en la moción que el Tribunal admita los informes de Torres Rodríguez como prueba.
“No existe ápice de duda de que tiene (el Tribunal) jurisdicción al no aplicar la doctrina de cuestión política” por lo que le pidió que declare “no ha lugar la desestimación” presentada por la delegada congresional.
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