FEI suspende de empleo y sueldo a los alcaldes de Humacao y Aguas Buenas
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) suspendió sumariamente de sus respectivos cargos a los alcaldes de Humacao y Aguas Buenas, Reinaldo “Rey” Vargas Rodríguez y Javier García Pérez, respectivamente, tras ser arrestados este jueves por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
La recomendación fue realizada por la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD).
A través de declaraciones escritas, el Panel sobre el FEI ordenó que se le impida a Vargas Rodríguez y García Pérez la entrada a cualquier instalación municipal, incluida la Alcaldía. Tampoco podrán “intervenir por sí o por medio de terceros, a documentos o toma de decisiones en dichos municipios”.
La resolución ordena al vicealcalde de Humacao, Gilberto Claudio, y al secretario de Administración de Aguas Buenas, Rafael Ortiz Fontánez, a despojar a ambos alcaldes acusados de cualquier propiedad municipal, incluyendo todo equipo, celulares, computadoras, tarjeta de crédito, tarjeta de gasolina, documentos, expedientes, vehículos y cualquier otra propiedad municipal en su poder.
Además, las respectivas administraciones municipales tienen, hasta mañana, viernes a las 11:00 a.m. para confirmar la suspensión de cualquier beneficio económico que devenguen los alcaldes, incluido el salario y el plan médico.
Agentes del FBI arrestaron esta madrugada a Vargas Rodríguez y García Pérez por un alegado esquema de corrupción en el que recibieron miles de dólares a cambio de otorgar contratos a una compañía de recogido de basura y a otra de asfalto.
La acusación señala que Vargas Rodríguez recibió al menos $15,000 en pagos en efectivo de dos empresarios, identificados como Individuo A e Individuo B, entre el 18 de marzo y el 15 de abril de 2021, a cambio de otorgarles contratos municipales.
Una acusación similar pesa contra García Pérez, quien recibió al menos $32,000 en pagos en efectivo, entre agosto de 2020 y septiembre de 2021.
De ser encontrados culpables, ambos se exponen a una pena en prisión que incluye: cinco años por conspiración, 10 años por soborno y 20 años por extorsión.
El gobernador Pedro Pierluisi solicitó esta mañana la renuncia de ambos alcaldes afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP). “He sido firme con este tipo de caso y esta vez no es la excepción, por lo que exijo la renuncia inmediata de ambos alcaldes arrestados hoy y espero que la fuerza de la ley caiga sobre ellos y sobre cualquiera que piense en volver a fallarle a Puerto Rico”, expresó.