La Asociación de Industriales denuncia falta de transparencia en la AAA
La Asociación de Industriales de Puerto Rico denunció este domingo falta de transparencia de parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) con los consumidores domésticos y comerciales en torno a cuánto dinero la corporación pública ha recaudado mediante el cargo por cumplimiento ambiental y regulatorio (CCAR) en la tarifa por consumo de agua, y cómo se han utilizado esos fondos.
De igual modo, manifestó preocupación en torno a cómo se reflejará dicho cargo en la nueva estructura tarifaria a partir de 1 de julio de 2022 -cuando entraría en vigor un aumento de casi 5% en el cargo base- y por cuánto tiempo.
“Desde hace nueve años ese cargo está en la factura y eso representa en algunos casos el 50% de lo que se paga. Se deben haber recogido millones de dólares para atender lo que se supone que era el resolver el problema ambiental y cumplir, y al día de hoy solamente le quedaban tres años a esa partida, que era por doce años”, sostuvo Yandia Pérez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación. “Más que nada, la inquietud mayor es ¿cómo se utilizó ese dinero? ¿Por qué nos siguen penalizando a los usuarios?”, añadió en declaraciones a este medio.
La Asociación subrayó que la nueva estructura tarifaria de la AAA, que fue aprobada el viernes por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impondrá un “aumento drástico” a la tarifa de agua de clientes comerciales al transferir el cargo por cumplimiento ambiental y regulatorio al costo por volumen de agua utilizada por encima de la tarifa básica. Al momento de esta edición, la AAA no había respondido una petición de entrevista hecha por este medio.
Dicho cargo entró en vigor en julio 2013, con el objetivo principal de levantar los fondos capitales que necesitaba la AAA para cumplir con los requerimientos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés), con una fecha de expiración, sostuvo la Asociación.
“Según los números que habíamos recibido, el plan que se perseguía con dicho cargo ambiental y regulatorio, se esbozó bajo la proyección original de recaudo de 300 millones de dólares anualmente, hasta completar $3,400 millones para el 2025, lo que consta en el propio Informe del Oficial Examinador del 2013 al respecto”, indicó Pérez.
A juicio de la Asociación, la AAA ha solicitado y conseguido fondos capitales para renovar su infraestructura a través de programas como CDBG-DR y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), fondos que, de utilizarse de forma apropiada, “deben hacer posible la derogación del CCAR”.
“De igual forma, es de todo conocido que el estado de situación fiscal de la AAA le ha mantenido en el mercado de bonos, en contraste con la situación precaria de otras corporaciones públicas”, añadió la vicepresidenta.
Pérez manifestó que la Asociación ya le había planteado la preocupación a la AAA, pero no recibió una respuesta satisfactoria de parte de la corporación pública. “Nos dijeron que no nos tenían que informar de los proyectos. ¿Cómo que no, si eso es dinero del pueblo? Ese es el reclamo que tenemos”, señaló Pérez. Ante la negativa, la Asociación envío cartas oficiales tanto a la AAA el jueves, como a la JSF el viernes, solicitando respuestas.
“No nos oponemos a un cambio en la tarifa básica siempre y cuando sea uno justo. Pero si es importante que se dé a conocer dónde se encuentran los indicadores de desempeño de los recaudos derivados del CCAR”, apuntó Pérez.
La Asociación solicitó específicamente:
– Cuál ha sido el recaudo de CCAR por los pasados nueve años desde que comenzó el cobro de la tarifa especial
– ¿Qué proyectos de cumplimiento se han completado?
– Que la AAA confirme o aclare si hay todavía plantas “arrestadas” por EPA.
– Si la AAA cumplió con y si se ‘levantaron los Consent Decrees con la EPA.
– Que detallen cuánto dinero se ha solicitado a FEMA y a otros programas como CDBG-DR.
– Responder si existe una brecha y de ser así, establecer que el CCAR solo debería cubrir esa cantidad.
Pérez recordó que el país enfrenta retos históricos de gran impacto para su economía y sociedad. incluyendo los efectos de la pandemia del COVID-19, de la guerra Rusia-Ucrania y otros factores que han incrementado el costo de vida y “afectado severamente las operaciones comerciales, industriales y de otros sectores productivos, con un nivel de inflación que resulta alarmante”.
“Puerto Rico tiene un reto enorme de mantener competitividad en su clima de inversiones y negocios para retener y/o expandir la inversión de capital de muchas compañías multinacionales y locales de manufactura. Imponer aumentos significativos en la tarifa de bienes de producción como el agua, no es un mecanismo sensato que vaya a la par con la aspiración del gobierno de Puerto Rico de retener e incentivar a estas empresas a que continúen generando empleos y actividad económica en la isla”, manifestó.
